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Ayudas para el campo y la pesca tras las borrascas en Andalucía y Extremadura

2.874,1 millones de euros. Esa es la cifra que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para intentar que el sector primario de Andalucía y Extremadura no se quede a la intemperie después del tren de borrascas que ha castigado ambas comunidades durante el último mes.

No es una ayuda simbólica ni una promesa a largo plazo. El paquete se ha articulado mediante un real decreto ley pensado para responder a los daños provocados por inundaciones y otros episodios extremos registrados desde el 1 de enero de 2026, con el foco en agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores cuya actividad ha quedado tocada, en algunos casos, hasta el límite.

Y hay un detalle que pesa: el grueso del dinero se plantea para llegar sin papeleo adicional en la primera fase.

Dinero directo y sin trámites

La mayor parte del presupuesto se concentra en 2.174 millones de euros en ayudas directas, dirigidas a 619 municipios repartidos entre Andalucía y Extremadura. Se trata de la pieza central del plan, diseñada para acelerar la llegada del dinero y evitar que la burocracia convierta la urgencia en una carrera de obstáculos.

Dentro de esa partida, el tramo más voluminoso asciende a 2.121 millones y busca compensar la pérdida de renta. Se dirige a agricultores, ganaderos y acuicultores inscritos en el registro autonómico de explotaciones agrarias, con ayudas que se moverán entre 5.000 y 25.000 euros por beneficiario. La referencia que se toma no es menor: se calcula como el 30% de los ingresos agrarios que consten en la última declaración fiscal.

Pero no todo se queda ahí. A quienes tenían póliza de seguro agrario se les reserva una línea específica adicional de 43,1 millones, un complemento que reconoce que parte del golpe ya estaba cubierto, aunque no siempre con la intensidad necesaria para absorber un episodio de esta magnitud.

También se ha incluido una ayuda directa de 10 millones para armadores de buques pesqueros con puerto base en Málaga, Cádiz y Huelva. Aquí la condición es clara y se ha fijado un umbral: se compensará cuando se acrediten pérdidas superiores al 40%. La medida se ha planteado para un sector donde parar no es solo dejar de ingresar, también es asumir costes que siguen corriendo mientras el barco no sale.

Más allá del cheque, el plan incorpora un bloque de inversión pública pensado para coser lo que el agua y el viento han descosido. Se han asignado 600 millones para la restauración de caminos e infraestructuras agrarias dañadas y para la reparación de instalaciones de regadío en el conjunto del territorio andaluz y extremeño. La ejecución se hará a través de empresas públicas, con la idea de ganar velocidad en obras que, sobre el papel, no admiten demora.

Queda por ver si esa rapidez se traduce en resultados visibles en el terreno, porque el campo no espera y la próxima campaña tampoco.

La tercera pata del paquete es financiación. Se ha habilitado una línea especial de crédito por 100 millones para personas afectadas de los sectores agrario y pesquero de ambas comunidades. La fórmula incluye una bonificación del 15% del principal de las operaciones y la cobertura total del coste del aval, un alivio importante en explotaciones y negocios que, tras el temporal, se encuentran con necesidad de liquidez y menos margen para asumir deuda en condiciones normales.

Y el decreto no se limita a las transferencias. Se han incorporado medidas fiscales y laborales: la reducción del número de jornadas exigidas para acceder al subsidio y la renta agrarios, que baja de 35 a cinco, y la aplicación de la figura de fuerza mayor para determinadas obligaciones vinculadas a ayudas de la Política Agraria Común. También se contemplan la reducción de módulos del IRPF en el sector agrario y la exención del IBI de naturaleza rústica.

Al final, el mensaje es diáfano: se intenta sostener la actividad a corto plazo, reparar infraestructuras básicas y evitar que el golpe climático se convierta en abandono. Pero la eficacia real del plan no se medirá en la cifra global, sino en el calendario y en la capacidad de que el dinero y las obras lleguen donde el temporal dejó el agujero.

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