La negociación pesquera de final de año en la Unión Europea suele resolverse entre cifras técnicas y equilibrios políticos, pero esta vez el Mediterráneo occidental ha concentrado buena parte de la tensión. El acuerdo alcanzado por los ministros responsables de pesca permite que los arrastreros sigan trabajando en 2026 con un máximo de 143 días de faena, un umbral que, en la práctica, consolida el nivel operativo que ya se venía aplicando tras los ajustes de 2025.
El dato resulta especialmente significativo si se compara con el punto de partida. La propuesta inicial planteaba un recorte de gran magnitud para la pesca de arrastre en el Mediterráneo, con una base de 9,7 días por buque, una cifra que el sector consideraba incompatible con la continuidad de la actividad. Sobre esa base se abría la puerta a recuperar jornadas mediante medidas compensatorias, pero el diseño inicial obligaba a acumular exigencias adicionales para superar con holgura la barrera de las cien salidas.
Tras dos días de conversaciones en Bruselas, el pacto final opta por sostener el nivel de esfuerzo, siempre ligado a condiciones de sostenibilidad. El esquema que se mantiene combina un límite de días con un mecanismo de compensación que premia prácticas más selectivas o la adhesión a determinadas medidas de conservación. Además, se ha subrayado que para alcanzar las 143 jornadas no se exigirán nuevas obligaciones de selectividad más allá de las ya implantadas en el último año, un matiz que ha sido decisivo para desbloquear el consenso.
Un sistema de días que premia la selectividad y evita nuevos recortes bruscos
A diferencia de otras zonas donde la gestión se centra en toneladas por especie, en el Mediterráneo occidental el debate se articula alrededor del esfuerzo pesquero, medido en días. Esa arquitectura se apoya en un plan plurianual que busca reducir la presión sobre caladeros con poblaciones todavía sometidas a sobrepesca, al tiempo que intenta amortiguar el impacto social en puertos que dependen del arrastre para sostener empleo directo e indirecto.
Los datos que han guiado las discusiones combinan señales de mejora con advertencias persistentes. En el ámbito científico se apuntan tendencias positivas en algunos indicadores, como una evolución favorable de la biomasa en determinados stocks y una caída de la mortalidad por pesca en ciertos escenarios. Sin embargo, el diagnóstico general sigue indicando que una parte relevante de las poblaciones demersales continúa por encima de niveles sostenibles, lo que obliga a mantener una senda de corrección, aunque sea con instrumentos más graduales.
Dentro de ese panorama, uno de los elementos más sensibles ha sido la situación de la cigala, especialmente en áreas del nordeste peninsular y del Mediterráneo central. La Comisión había defendido ajustes para especies vulnerables y para poblaciones bajo límites biológicos seguros, mientras que los países ribereños insistían en que el tránsito debía contemplar la realidad económica y la capacidad del sector para aplicar cambios sin colapsar la rentabilidad de las mareas.
El acuerdo encaja en ese punto intermedio: se mantienen los días, pero se refuerza la lógica de “más selectividad, más margen”. El mecanismo de compensación, que ya se venía utilizando, se prolonga con modificaciones menores y conserva su finalidad, otorgar jornadas adicionales a quienes adopten artes que reduzcan capturas no deseadas, minimicen la interacción con juveniles o se integren en medidas nacionales de conservación que aporten garantías equivalentes.
En la práctica, el sector ya había puesto en marcha transformaciones relevantes durante 2025. Una de las más citadas ha sido la sustitución o adaptación de redes para incorporar mallas de 45 o 50 milímetros, con el objetivo de mejorar la selectividad y reducir la retención de ejemplares pequeños. También se han introducido puertas voladoras, dispositivos diseñados para disminuir el contacto con el fondo y, con ello, el impacto sobre hábitats sensibles, además de vedas temporales y una mayor presencia de seguimiento técnico a bordo en determinados casos.
Ese esfuerzo previo explica por qué la cifra de 2026 se presenta como una continuidad. En 2025 se había operado con un marco de 130 días, al que se añadieron posteriormente 13 jornadas extra, hasta alcanzar las 143 que ahora se consolidan. El mensaje político es doble: no se amplía el esfuerzo total, pero tampoco se impone un nuevo recorte abrupto, siempre que el conjunto de medidas ya desplegadas se mantenga y el sistema de incentivos siga orientando la flota hacia prácticas menos lesivas.
A partir de aquí, el acuerdo deberá traducirse en la redacción jurídica definitiva para su aplicación desde el 1 de enero de 2026. Para los puertos mediterráneos, el resultado aporta certidumbre operativa a corto plazo. Para las instituciones, el reto permanece intacto: que la estabilidad de días no se convierta en una pausa, sino en una fase de transición capaz de sostener empleo y, al mismo tiempo, acelerar la recuperación real de los caladeros más presionados.
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